DEJAR LOS ANUNCIOS INFANTILES EN MANOS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA NO FUNCIONA

Los expertos piden endurecer la normativa de publicidad de alimentos para combatir el sobrepeso

En España, más del 40% de las niñas y niños de entre seis y nueve años sufre obesidad o sobrepeso. El dato es terrible por todo lo que supone para la salud de generaciones enteras de escolares que se están criando con comestibles poco saludables y lo que esto supondrá en el desarrollo de enfermedades como la diabetes o de riesgo cardiovascular. Numerosos estudios han demostrado la responsabilidad directa que tiene la publicidad de alimentos poco recomendables en esta epidemia de obesidad y sobrepeso. ¿Qué está haciendo España para combatir este factor decisivo? Mucho menos de lo que podría, según los expertos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) e incluso el Congreso de los Diputados. Un estudio reciente muestra que el número de anuncios que ven los menores españoles ha crecido en los últimos años.

Un escolar español de entre seis y doce años ve 25 anuncios de comida cada día y el 75% son de productos que no debería consumir habitualmente por sus altos contenidos en grasas, azúcares o sal, según el criterio de la OMS. Y sabemos que un tercio de los niños obesos o con sobrepeso no lo serían si no vivieran expuestos a la publicidad alimentaria. Pero en España la única defensa que tienen los menores y sus progenitores frente a este asalto permanente es la propia industria alimentaria: un código de autorregulación al que las empresas se adhieren voluntariamente, que no se fija en el tipo de comida ni en su perfil nutricional, que no prohíbe los comestibles malsanos y que además se incumple, según denuncian los especialistas.

Este código entró en vigor en 2005 promovido por Sanidad y la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), aunque las empresas firmantes del mismo lo hacen a título particular (47 hasta ahora). Este código, denominado PAOS, ignora el contenido alimenticio de los productos, centrándose únicamente en cuestiones formales como no inducir al consumo excesivo, a la compra directa o impedir que aparezcan famosos. Es decir, obligaría a retirar un anuncio que invite a pegarse un atracón de acelgas, pero no pone pegas a uno de bollería industrial con nutrientes de baja calidad y cargada de azúcares y aceite de palma.

"No se regula lo más importante y lo que se regula se incumple con mucha frecuencia. Este sistema solo sirve de excusa para evitar medidas más rigurosas como cumplir las recomendaciones de la OMS. Siguiendo ese criterio, habría que retirar tres cuartas partes de los anuncios que ven los niños españoles", denuncia Miguel Ángel Royo-Bordonada, jefe de estudios de la Escuela Nacional de Salud. Este científico publicó recientemente un artículo en The Lancet lamentando que en España la industria alimentaria continue gobernando las políticas de alimentación y de obesidad entre bastidores. "El código no sirve, está viciado de origen", zanja Royo-Bordonada.

A finales de 2016, el Congreso aprobó una propuesta (presentada por ERC y completada por Ciudadanos) que pide al Gobierno que tome medidas "para evitar que se fomente el consumo de productos con un alto contenido en azúcares añadidos entre la población infantil mediante publicidad". Después de que se aprobara esa proposición no de ley, el PP se ha apresurado a presentar otra en la que canta las virtudes de PAOS y pide que se actualice, pero no para restringir los reclamos de comestibles poco recomendables sino para continuar con la autorregulación "favoreciendo una publicidad de productos con un perfil más saludable". Consultado por Materia, el Ministerio de Sanidad asegura que "se está manteniendo la línea de trabajo que se ha tenido hasta ahora, la de introducir mejoras dentro de este mismo marco". "La legislación vigente apuesta por la autorregulación", resume Sanidad, a la vez que reconoce que ese marco "no contempla la naturaleza, ni el perfil nutricional de los alimentos o bebidas que se publicitan".

La autorregulación por parte de la industria alimentaria y publicitaria es un sistema en entredicho. Un informe de la OMS para Europa lo deja claro: "Los esquemas autorreguladores o voluntarios suelen tener un alcance limitado, unos criterios débiles y una supervisión gubernamental limitada". "En vista del sustancial poder político de la industria de alimentos procesados, el enfoque de los gobiernos para la prevención de la obesidad favorece en gran medida las preferencias de la industria por centrarse en la responsabilidad individual y en medidas suaves. Estos enfoques están perpetuando las condiciones que impulsan la obesidad", recoge el informe de la OMS.

"La puesta en marcha del código PAOS no ha tenido mucha repercusión sobre la cantidad de los anuncios y la calidad de los alimentos destinados al público infantil", afirma Marta Moreno, especialista en la materia del departamento de Sociología de la UNED. "Con los datos de prevalencia de obesidad infantil, de los mayores de Europa, confiar en las iniciativas voluntarias de la industria no parece suficiente para abordar esta tarea", advierte. Y añade: "También las autoridades sanitarias deberían asumir esta responsabilidad social", en referencia a que los alimentos y bebidas anunciados a los niños comprenden "predominantemente alimentos no básicos, poco saludables, pobres en nutrientes o indeseables". Y sugiere que estos productos deberían ser restringidos en la publicidad dirigida a los niños, "como ya ocurre en Inglaterra, Suecia o Noruega". Un artículo reciente de Royo-Bordonada y otros expertos en una revista especializada defiende "que ha llegado el momento de que la publicidad alimentaria dirigida a los niños en España sea reglamentada legalmente, al prohibir la promoción de productos".

En marzo de 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy nombraba como directora ejecutiva del la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (entonces AESAN, ahora AECOSAN) a Ángela López de Sá, que hasta entonces dirigía los asuntos científicos y normativos de Coca-Cola Iberia. Llegó justo a tiempo para realizar la única modificación que ha sufrido el Código PAOS: dejarlo tal cual en lo fundamental, pero ampliando su alcance a internet. Desde Europa se manifestó preocupación por el nombramiento de López de Sá, por pasar de una multinacional de refrescos a velar por la nutrición de los españoles. Y en 2013 se lanzó el plan HAVISA para la población general, todavía vigente: en lugar de atacar los alimentos de poca calidad nutricional, AECOSAN y las marcas de alimentación fomentan que se haga ejercicio y dieta "variada, equilibrada y moderada", en leyendas en la parte inferior de los anuncios.

La renovación del código no tuvo efecto y, a pesar de lo que asegura Sanidad, no parece que esté reduciendo la presión publicitaria sobre los niños. Un estudio de la Universidad de Granada señala que la emisión de este tipo de anuncios en los canales temáticos para niños pasó de seis comerciales por hora y canal en 2007 a diez spots en 2013, algo similar a lo que ocurre con las cadenas generalistas, donde, a pesar de la normativa, también se ha incrementado la emisión de anuncios de "comida basura", según los investigadores. Su intención era evaluar los cambios que ha experimentado la televisión española antes y después de que entrara en vigor, en 2011, la normativa española que regula la emisión de anuncios de comida.

"Con los datos obesidad infantil, de los peores de Europa, confiar en las iniciativas voluntarias de la industria no parece suficiente", advierte Moreno

Cecilia Díaz, investigadora de la Universidad de Oviedo y coordinadora de la Encuesta Nacional de Hábitos Alimentarios de los españoles considera que hay que proteger a los menores, que no pueden defenderse ante una publicidad que anima al consumo irracional. “Esto es particularmente preocupante en el caso de la alimentación, pues unos malos hábitos alimentarios tienen efecto sobre la salud de los individuos, no solamente sobre el bolsillo de sus progenitores", explica esta experta que es vicepresidenta del comité científico de AECOSAN, agencia impulsora de la autorregulación vigente. En el último ránking de salud de Naciones Unidas, España quedó en un meritorio séptimo puesto gracias a que la Sanidad española obtenía muy buenas calificaciones en la mayoría de los indicadores. Salvo en uno, en el que suspendía con la nota más baja de los 50 primeros países: sobrepeso infantil.

FUENTE: JAVIER SALAS

https://elpais.com/elpais/2017/05/15/ciencia/1494866136_458359.html